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El Supremo anula buena parte de la SB1070, pero mantiene la presión sobre los ilegales

A pesar de la decisión de la Corte, la gobernadora Jan Brewer está reclamando una victoria porque según ella el “corazón de la ley sigue intacto”, pues la policía realmente puede encarar a los indocumentados.
La difererencia es que no puede mantenerlos bajo custodia por su estatus legal, sino que tienen que contactar al Departamento de Inmigración. No obstante, los analistas no están de acuerdo con la postura de Brewer y dicen que la Corte ha sido clara en que no se podrá detener a nadie solamente por su apariencia física.

25 de junio.  El Tribunal Supremo anuló hoy tres de las cuatro cláusulas más controvertidas de la ley SB1070 de Arizona contra la inmigración ilegal, otorgando una victoria parcial al presidente, Barack Obama, que busca afianzar el apoyo de los votantes hispanos.

En su sentencia, los jueces anularon las secciones 3, 5 y 6 de la SB1070, pero dejaron en pie la disposición más espinosa que permite a la policía pedir “los papeles” de quienes detenga por otras infracciones, incluso menores, y tenga “sospecha razonable” de que son indocumentados.

Según los activistas proinmigrantes, esa cláusula dará licencia para discriminar a personas que luzcan o tengan acento extranjero.

El Tribunal Supremo sí le dio la razón al Gobierno de Obama al anular las otras tres cláusulas: una convertía en delincuentes a los indocumentados que obtengan o soliciten trabajo; otra autorizaba el arresto, sin permiso judicial, de personas que han cometido un delito que pueda ser causa de deportación, y la tercera exigía a los inmigrantes portar siempre documentos de registro ante el Gobierno federal.

“Arizona puede que tenga frustraciones entendibles respecto a los problemas causados por la inmigración ilegal mientras continúe, pero el estado no puede perseguir políticas que minen la ley federal”, dijo el juez Anthony Kennedy, en nombre de la mayoría.

En un comunicado, Obama elogió el fallo del Supremo, pero expresó su preocupación por la cláusula que queda en vigor.

“Ningún estadounidense debería jamás vivir bajo sospecha sólo por su aspecto. En adelante, debemos asegurarnos de que las autoridades policiales de Arizona no apliquen esta ley de forma que mine los derechos civiles de los estadounidenses”, dijo Obama.

Por su parte, su rival republicano, Mitt Romney, consideró que el dictamen refleja la falta de liderazgo de Obama en estas lides, a la vez que defendió el “derecho” de los estados de “resguardar” las fronteras y “el imperio de la ley”, porque el Gobierno federal “no ha cumplido con sus responsabilidades”.

El Departamento de Justicia entabló una demanda contra la SB1070 y había logrado que las cuatro cláusulas fuesen bloqueadas en tribunales de instancia inferior.

El pasado 15 de junio, la Administración Obama decidió suspender la deportación de estudiantes indocumentados de hasta 30 años de edad y que entraron a EE.UU. antes de los 16.

Tanto Obama como Romney cortejan activamente el voto hispano, que se perfila definitorio en varios estados clave como Nevada, Florida, Nuevo México y Colorado.

Ante la parálisis en el Congreso, estados como Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah han querido seguir el ejemplo de Arizona adoptando leyes para combatir a los indocumentados.

Ahora, el consenso es que este fallo servirá de guía sobre lo que pueden llegar a legislar los estados federados.

“Algunos de estos esfuerzos serán antiinmigrantes, como en Arizona, y otros quizá proinmigrante en tanto los estados reconozcan la importancia de los inmigrantes en sus comunidades. Sin duda aumentará la presión para que el Congreso actúe”, dijo a Efe Stephen Yale-Loehr, profesor de leyes de la Universidad de Cornell.

“Nos preocupa que al dejar en pie la cláusula de pedir papeles, los inmigrantes, especialmente los latinos, quedarán sujetos a la discriminación. Hoy decidió el Tribunal Supremo, pero la última palabra la tendrán los votantes latinos en las urnas en noviembre”, dijo a Efe Irma Rivera, activista del Movimiento por una Reforma Migratoria Justa.

“Vamos a movilizar a los votantes hispanos para que, a través de su voto, digan no a la discriminación y sí a una reforma migratoria. Leyes como la SB1070 solo causan daños económicos a los estados y el quebranto de las familias inmigrantes”, enfatizó.

Otros grupos proinmigrantes, entre ellos el Consejo Nacional de La Raza y la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), se hicieron eco de esas reacciones y han prometido continuar combatiendo leyes similares en otros estados.

Mientras, la gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer calificó el dictamen como una “victoria para el imperio de la ley” y aseguró que los agentes recibirán capacitación para aplicar la SB1070 “de forma legal y responsable”.

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